23-04-2012 |
La política, entre el tiempo y el método

Los tiempos para actuar. Una de las frecuentes críticas efectuadas a la recuperación de YPF por parte de los medios hegemónicos consiste en protestar porque no se hizo antes. Es una actitud de quienes quieren enfrentar al Gobierno, pero no se les ocurre ninguna idea de fondo para oponerse. Sin embargo, es común que en los análisis políticos se omita la consideración del tiempo; suele olvidarse que toda decisión política es el resultado de una construcción de poder previa. Es como si a San Martín cuando llegó de España, lo hubieran estado esperando en el puerto de Buenos Aires para recriminarle: ¿cómo, todavía no liberaste a Chile y Perú, qué estás esperando? Para hacerlo, debía construir los medios efectivos de su proyecto, y a eso dedicó su gobernación de Mendoza.
Cuando se adoptan decisiones controvertidas, que afectan fuertes intereses, es indispensable tener una visión certera de la situación, de las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales que intervienen, de las relaciones de poder entre ellas, del margen de acción que otorga la fuerza propia, y recién entonces se pueden tomar las medidas de gobierno, que deben encuadrarse dentro de las posibilidades reales. De otro modo, se incurriría en ingenuidad y el fracaso es casi seguro. Esta forma de actuar no significa conformismo, sino realismo político.
En nuestro caso, los gobiernos de los presidentes Kirchner han construido poder, legitimado por el 54% del voto en las últimas elecciones. Es ese poder el que ha permitido ampliar sustancialmente el margen de lo posible: han alejado el límite del “no se puede” a distancias inimaginables hasta hace poco tiempo: sistema de jubilación de reparto, Asignación Universal por Hijo, castigo por los crímenes de lesa humanidad, ruptura del oligopolio de los medios audiovisuales, matrimonio igualitario, empleo masivo y distribución del ingreso por mitades entre los empresarios y los asalariados, fútbol para todos, entre otras reformas. En 2003 nadie soñaba que esto era posible. Y lo fue. El hilo conductor de estas políticas es la soberanía nacional, que dejó atrás al FMI y avanzó en el desendeudamiento; la soberanía popular, en el marco de elecciones intachables, plena libertad de prensa y devolución de derechos sociales; soberanía monetaria, con la reforma de la carta orgánica del Bcra, y ahora continúa con la reconquista de la soberanía en hidrocarburos, que parecía imposible.
Los tiempos en la ejecución. El tema de los tiempos también es aplicado –pero en sentido colonial– por el gobierno español y sus seguidores locales. Ponen el grito en el cielo porque “para intervenir una empresa privada no basta un DNU sino que se requiere una decisión judicial” y porque “la Constitución exige que el gobierno expropiante pague el precio (indemnización) por el bien o empresa antes de tomar posesión” (La Nación. 19-04-2012, pág. 10).
La verdad es que el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia DNU (que tiene valor de ley) para intervenir de modo transitorio a YPF para asegurar la continuidad de la empresa e impedir su vaciamiento. No afecta a la propiedad de la empresa; ni tampoco forma parte de un proceso de expropiación que recién empieza (se envió al Congreso el proyecto de ley) que, de ser aprobado, transferiría la propiedad del 51% de las acciones. En el transcurso del juicio de expropiación se fijarán las indemnizaciones correspondientes a la transferencia de la propiedad.
Queda claro que es absurdo que se reclame el pago inmediato de una indemnización, cuando no sólo no se transfirió la propiedad, sino que no se inició el juicio de expropiación.
También sorprende que los accionistas españoles de Repsol no tengan en cuenta el principio jurídico establecido en el art. 128 de la Constitución del Reino de España, que establece con claridad que “se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales” (expropiación), y “asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés nacional”. Son las dos operaciones independientes en curso de ejecución.
La política del gobierno. Desde 2003 se aplicó un conjunto coherente de medidas de gobierno, que pusieron en marcha el modelo de desarrollo con inclusión social, convalidado en las urnas. Marca las orientaciones fundamentales de corto, mediano y largo plazo y las medidas clave de política económica. Su estrategia sirve para definir y aplicar un proyecto nacional; y su táctica, infunde racionalidad a la acción. Los resultados son positivos. Entre 2002 y 2011, el producto interno bruto (PIB) creció al 7% anual pese a la recesión de 2009, la tasa de inversión subió del 11 al 24%, el tipo de cambio se transformó en competitivo, existen continuos superávits externo y fiscal primario, la deuda externa pública bajó de modo sustancial, hay una fuerte reindustrialización, la desocupación cayó del 22% al 6,7%, el porcentaje del ingreso de los asalariados se elevó del 34% al 48% del ingreso total.
Estos resultados no son el fruto de la casualidad. Para obtenerlos se manejaron las variables tácticas con criterio estratégico: la actividad económica, el empleo, el tipo de cambio, la solvencia del Estado, el comercio exterior, las políticas educativa y de salud, la reindustrialización. Ahora se incorpora la recuperación de YPF como instrumento para gestionar la exploración, producción y consumo de petróleo y gas; con ello se busca aumentar la producción de modo sustancial y evitar la sangría que significaría una creciente importación de hidrocarburos, que si continuara puede significar una traba para el desarrollo análogo al que significó la deuda externa.
El sentido nacional. La ejecución de políticas coherentes es un requisito necesario pero no suficiente. Para su éxito, es fundamental la alta calidad de los gobernantes que lo ejecutan. Una de sus virtudes más importantes consiste en su sentido nacional. Un ejemplo histórico de esta conducta patriótica es el de Japón: nunca en su historia “ningún japonés pensó por un momento en apoyar a una potencia extranjera contra los intereses de sus propios ciudadanos” (Edwin O. Reischauer, El Japón, Historia de una Nación, FCE, México, 1985). Tal vez este sea un elemento clave para explicar los diferentes destinos del Japón y de la mayor parte de los países subdesarrollados: en estos últimos existieron elites locales que buscaron alianzas con el extranjero para afirmar sus hegemonías internas, arrastrando a sus países a la trampa de la dependencia política y económica. En nuestro caso tenemos las andanzas diplomáticas pro británicas de Carlos M. de Alvear y Manuel José García, los unitarios argentinos en los barcos extranjeros en la Vuelta de Obligado, los regimientos del Imperio del Brasil y de los colorados del Uruguay en la batalla de Caseros; luego, las connivencias con Braden; y en el plano de la pequeña anécdota reciente, varios diálogos de Wikileaks.
Para ubicarse mejor, es bueno imaginar cuál hubiera sido la actitud de los principales grupos políticos actuales, frente a hechos históricos cuyo desenlace se conoce. Por ejemplo, cómo hubiera reaccionado cada uno frente a la Revolución de Mayo de 1810. Se trataba entonces de conquistar una soberanía popular y nacional, entonces incipiente. Los grupos más reaccionarios hubieran expresado su miedo a la inseguridad del futuro, frente a una conquista de soberanía que enemistaría al país ante el mundo, en particular España; por lo tanto, se hubieran opuesto a la formación de un gobierno propio, porque preferían ser una colonia mansa en la cual podían hacer buenos negocios. Otro grupo hubiera manifestado que en principio estaban a favor de un gobierno propio, pero que disentían con cuestiones de forma, por lo que votarían en contra.
Estos dos grupos se hubieran opuesto; pero otros dos se hubieran pronunciado por el gobierno propio. Primero, los que tomaron la iniciativa de producir ese acto político y económico; y segundo, quienes no estaban de acuerdo con asuntos instrumentales de menor cuantía, pero tenían el suficiente discernimiento como para distinguir lo fundamental de lo accesorio.
Hace dos siglos comenzaba el camino hacia una soberanía popular y nacional plena; ahora de lo que se trata es de reconquistar la soberanía hidrocarburífera. Curiosamente, la potencia colonial es la misma; y la actitud de los diferentes actores parece reproducirse a dos siglos de distancia.
Fuente: Miradas al Sur

