12-01-2012 |
Por un Acuerdo Santafesino para la Seguridad Ciudadana
Por Ing. Agustín Rossi - El 17 de julio del 2011 -en ocasión del debate pre-electoral organizado por Canal 5, LT8 y el Diario La Capital- mostré un gráfico que permitía visualizar el notable crecimiento de los homicidios dolosos registrados en el Departamento Rosario.
El 17 de julio del 2011 -en ocasión del debate pre-electoral organizado por Canal 5, LT8 y el Diario La Capital- mostré un gráfico que permitía visualizar el notable crecimiento de los homicidios dolosos registrados en el Departamento Rosario. Hablé de bandas que se disputaban el territorio del delito y denuncié que desde las autoridades provinciales se pretendía maquillar el problema bajo el impreciso término policial de “ajustes de cuentas”. El candidato del oficialismo y los funcionarios provinciales pidieron no mezclar la cuestión de la seguridad con la agenda pre-electoral. Los números oficiales publicados recientemente, que muestran un 29 % de crecimiento de los homicidios dolosos en el 2011 respecto al año anterior, determinan que no era antojadiza mi reflexión.
El 27 de septiembre, el diario La Capital publicó una nota de opinión de mi autoría titulada “Homicidios, ajuste de cuentas y bandas en disputa”. En la misma, hice un raconto de la seguidilla de homicidios registrados por esas semanas en la ciudad de Rosario y que – en todos los casos – habían recibido rápidamente por las autoridades provinciales el calificativo de “ajuste de cuentas”. Señalé en esa oportunidad que todas las víctimas eran jóvenes, provenientes de familias humildes y vivían fuera de los boulevares de Rosario. Desde el gobierno provincial se intentó descalificar mi análisis diciendo que la nota “podría haber sido escrita por cualquier periodista”.
El 17 de octubre volví a insistir en el tema. Horas antes, un joven de 17 años había sido acribillado con 30 balazos en barrio Ludueña generando la indignación de los vecinos que terminaron prendiendo fuego un lugar de venta de drogas de la zona. Nuevamente, nuestro aporte fue catalogado de “electoralista y demagógico”.
Por estos medios, intentamos llamar la atención de un gobierno provincial que intentaba, como en otros temas, tapar el sol con las manos. Pero la realidad, más temprano que tarde, se termina imponiendo.
El 2012 comenzó con el asesinato de Adrián, Jeremías y Claudio, en la denominada “masacre de Villa Moreno” de la ciudad de Rosario. Prontamente, las autoridades intentaron aplicar al hecho la calificación de “ajuste de cuentas”. Pero la confirmación de que las víctimas eran militantes barriales – alejados de toda trama delictiva - rápidamente cambió el escenario. La disputa entre bandas mostró su rostro más cruel: el asesinato de jóvenes inocentes.
El triple crimen quebró un “relato oficial” por el cual todo asesinato producido contra jóvenes, pobres y de barrios muy humildes era, inmediatamente, catalogado de “ajuste de cuentas”, encontrando rápidamente una explicación simplificadora y desligando de responsabilidades a las autoridades. Por estos días, muchos se animan a decir en voz alta lo que pocos se animaban a denunciar. Los mismos que decían “se están matando entre ellos” (en relación a las bandas delictivas en disputa) hoy dicen “esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros o de nuestros hijos”. Se corrió un velo. Más allá del desenlace judicial del caso – que espero sea rápido y positivo – hay una puerta que se abre y debemos aprovecharla.
Convencido de que están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar en un Acuerdo Santafesino por la Seguridad Ciudadana que, a través del diálogo y del compromiso político y social, permita explicitar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazo que garantice, al mismo tiempo, eficacia a la hora de prevenir y reprimir el delito y plena vigencia de los derechos humanos. El Acuerdo debería ser un espacio de intercambio serio y respetuoso entre fuerzas políticas y actores sociales para que, en un periodo de tiempo breve, se cuente con una “hoja de ruta” clara que ordene las políticas a desarrollar y convoque a toda la ciudadanía a enfrentar la problemática de la inseguridad.
Este Acuerdo debería buscar, entre otros puntos, los siguientes objetivos:
• Generar un puente entre las autoridades provinciales en materia de seguridad pública y la dirigencia política y social santafesina para que, lejos de entrar en superficiales disputas mediáticas, haya un efectivo ida y vuelta permanente que permita identificar problemas, prevenir situaciones y actuar coordinadamente.
• Explicitar claramente los puntos críticos del territorio dónde se debe actuar con urgencia, consensuar un “mapa del delito” que defina con precisión los lugares que requieren acciones inmediatas.
• Efectuar un claro control político y social de la actuación policial en el territorio. Las fuerzas de seguridad deben dejar de ser vistas como parte del problema para ser parte de la solución de los mismos. El gobierno provincial puede aprovechar el marco del Acuerdo planteado para incrementar los márgenes de conducción política sobre la policía y encontrar un punto de apoyo más amplio para enfrentar potenciales planteos corporativos.
• Es cierto que las redes sociales y políticas presentes en los barrios más complicados pueden no ser suficientes para terminar con la inseguridad, pero son necesarias e imprescindibles para desarrollar las políticas acordadas. Organizaciones sociales, sindicatos, vecinales, clubes, diversas instituciones deben ser convocadas a ser parte efectiva de la discusión de un plan de acción barrial.
• En el ámbito del Acuerdo deberían planificarse las gestiones necesarias para que Nación, Provincia y Municipio hagan aportes concretos y articulados en los barrios más complicados. Políticas de mejora del hábitat y del espacio público, de inclusión socio-laboral de jóvenes, de reinserción educativa y finalización de estudios primarios y secundarios, pueden ser motivo del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.
• Con la presencia de los referentes parlamentarios de las diversas fuerzas políticas, el Acuerdo debería iniciar un camino de estudio de diversas iniciativas legislativas que mejoren el accionar de la justicia.
No podemos resignarnos a que haya territorios donde el Estado no tenga presencia y control. Villa Moreno está a apenas 2 cuadras de Bv. Oroño, uno de los principales accesos a la ciudad. La Tablada está a 25 cuadras del microcentro. Santa Lucía está a metros de la Circunvalación y la Autopista a Córdoba. Las zonas más complejas de Ludueña y Triángulo se encuentran a escasas cuadras de los Centros de Distrito Noroeste y Oeste, respectivamente. Es indudable que las bandas delictivas operan porque hay ausencia o déficit estatal. Pero el diagnóstico no tiene que convertirse en resignación. Si en determinados lugares falta presencia, hay que reconstruirla. El Acuerdo podría ayudar en este sentido: tenemos que regenerar la confianza ciudadana en un Estado capaz de cuidar a su población, eliminar el miedo con el que se vive cotidianamente y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Demostré en estos años una real preocupación por la cuestión de la inseguridad. Fui criticado y descalificado muchas veces por decir lo que no se quería escuchar. El 2012, sin elecciones a la vista, podemos aprovecharlo para sentar los cimientos de una verdadera política de Estado en materia de seguridad ciudadana.
El 27 de septiembre, el diario La Capital publicó una nota de opinión de mi autoría titulada “Homicidios, ajuste de cuentas y bandas en disputa”. En la misma, hice un raconto de la seguidilla de homicidios registrados por esas semanas en la ciudad de Rosario y que – en todos los casos – habían recibido rápidamente por las autoridades provinciales el calificativo de “ajuste de cuentas”. Señalé en esa oportunidad que todas las víctimas eran jóvenes, provenientes de familias humildes y vivían fuera de los boulevares de Rosario. Desde el gobierno provincial se intentó descalificar mi análisis diciendo que la nota “podría haber sido escrita por cualquier periodista”.
El 17 de octubre volví a insistir en el tema. Horas antes, un joven de 17 años había sido acribillado con 30 balazos en barrio Ludueña generando la indignación de los vecinos que terminaron prendiendo fuego un lugar de venta de drogas de la zona. Nuevamente, nuestro aporte fue catalogado de “electoralista y demagógico”.
Por estos medios, intentamos llamar la atención de un gobierno provincial que intentaba, como en otros temas, tapar el sol con las manos. Pero la realidad, más temprano que tarde, se termina imponiendo.
El 2012 comenzó con el asesinato de Adrián, Jeremías y Claudio, en la denominada “masacre de Villa Moreno” de la ciudad de Rosario. Prontamente, las autoridades intentaron aplicar al hecho la calificación de “ajuste de cuentas”. Pero la confirmación de que las víctimas eran militantes barriales – alejados de toda trama delictiva - rápidamente cambió el escenario. La disputa entre bandas mostró su rostro más cruel: el asesinato de jóvenes inocentes.
El triple crimen quebró un “relato oficial” por el cual todo asesinato producido contra jóvenes, pobres y de barrios muy humildes era, inmediatamente, catalogado de “ajuste de cuentas”, encontrando rápidamente una explicación simplificadora y desligando de responsabilidades a las autoridades. Por estos días, muchos se animan a decir en voz alta lo que pocos se animaban a denunciar. Los mismos que decían “se están matando entre ellos” (en relación a las bandas delictivas en disputa) hoy dicen “esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros o de nuestros hijos”. Se corrió un velo. Más allá del desenlace judicial del caso – que espero sea rápido y positivo – hay una puerta que se abre y debemos aprovecharla.
Convencido de que están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar en un Acuerdo Santafesino por la Seguridad Ciudadana que, a través del diálogo y del compromiso político y social, permita explicitar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazo que garantice, al mismo tiempo, eficacia a la hora de prevenir y reprimir el delito y plena vigencia de los derechos humanos. El Acuerdo debería ser un espacio de intercambio serio y respetuoso entre fuerzas políticas y actores sociales para que, en un periodo de tiempo breve, se cuente con una “hoja de ruta” clara que ordene las políticas a desarrollar y convoque a toda la ciudadanía a enfrentar la problemática de la inseguridad.
Este Acuerdo debería buscar, entre otros puntos, los siguientes objetivos:
• Generar un puente entre las autoridades provinciales en materia de seguridad pública y la dirigencia política y social santafesina para que, lejos de entrar en superficiales disputas mediáticas, haya un efectivo ida y vuelta permanente que permita identificar problemas, prevenir situaciones y actuar coordinadamente.
• Explicitar claramente los puntos críticos del territorio dónde se debe actuar con urgencia, consensuar un “mapa del delito” que defina con precisión los lugares que requieren acciones inmediatas.
• Efectuar un claro control político y social de la actuación policial en el territorio. Las fuerzas de seguridad deben dejar de ser vistas como parte del problema para ser parte de la solución de los mismos. El gobierno provincial puede aprovechar el marco del Acuerdo planteado para incrementar los márgenes de conducción política sobre la policía y encontrar un punto de apoyo más amplio para enfrentar potenciales planteos corporativos.
• Es cierto que las redes sociales y políticas presentes en los barrios más complicados pueden no ser suficientes para terminar con la inseguridad, pero son necesarias e imprescindibles para desarrollar las políticas acordadas. Organizaciones sociales, sindicatos, vecinales, clubes, diversas instituciones deben ser convocadas a ser parte efectiva de la discusión de un plan de acción barrial.
• En el ámbito del Acuerdo deberían planificarse las gestiones necesarias para que Nación, Provincia y Municipio hagan aportes concretos y articulados en los barrios más complicados. Políticas de mejora del hábitat y del espacio público, de inclusión socio-laboral de jóvenes, de reinserción educativa y finalización de estudios primarios y secundarios, pueden ser motivo del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.
• Con la presencia de los referentes parlamentarios de las diversas fuerzas políticas, el Acuerdo debería iniciar un camino de estudio de diversas iniciativas legislativas que mejoren el accionar de la justicia.
No podemos resignarnos a que haya territorios donde el Estado no tenga presencia y control. Villa Moreno está a apenas 2 cuadras de Bv. Oroño, uno de los principales accesos a la ciudad. La Tablada está a 25 cuadras del microcentro. Santa Lucía está a metros de la Circunvalación y la Autopista a Córdoba. Las zonas más complejas de Ludueña y Triángulo se encuentran a escasas cuadras de los Centros de Distrito Noroeste y Oeste, respectivamente. Es indudable que las bandas delictivas operan porque hay ausencia o déficit estatal. Pero el diagnóstico no tiene que convertirse en resignación. Si en determinados lugares falta presencia, hay que reconstruirla. El Acuerdo podría ayudar en este sentido: tenemos que regenerar la confianza ciudadana en un Estado capaz de cuidar a su población, eliminar el miedo con el que se vive cotidianamente y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Demostré en estos años una real preocupación por la cuestión de la inseguridad. Fui criticado y descalificado muchas veces por decir lo que no se quería escuchar. El 2012, sin elecciones a la vista, podemos aprovecharlo para sentar los cimientos de una verdadera política de Estado en materia de seguridad ciudadana.
